Quisiera comentaros acerca de lo que la realidad es y supone la entrada en vigor de la OEDE. Este acrónimo significa Orden Europea de Detención y Entrega, y es consecuencia de un acuerdo de los países que forman parte de la Unión Europea para unificar criterios acerca de ejercitar leyes represivas y fascistas, contradictoriamente fomentada por países que dicen ser democráticos y en cuyos principios está el respeto de los derechos humanos. Nos encontramos ante una nueva falacia que viene a reprimir el ejercicio individual y colectivo de quienes permanecemos en contra del nuevo sistema denominado globalización.

Hasta la entrada en vigor en el año 2002 la ley de extradición pasiva impedía la entrega de ciudadanos nacionales a terceros países para su enjuiciamiento y condena por esos regímenes fascistas por delitos cometidos o no cometidos, que a veces eran condenados en rebeldía (lo que es mi caso). Sabéis perfectamente de lo que hablo porque he sufrido y sigo sufriendo, si las luchas no lo consiguen, seguiré sufriendo, cuya consecuencia ultima será mi fallecimiento en el Estado Español o el Estado Francés.

Desconozco si mi situación la padece cualquier otro/a ciudadano/a del estado Español “aunque personalmente me considero parte de la humanidad y no me identifico con el lugar de nacimiento”. La mejor manera de conocer el verdadero alcance de esta nueva ley que se enmarca en un lenguaje jurídico complejo es que os comente con toda sencillez y rigor que caracteriza mi caso personal.

Fui detenido en el estado español en febrero del año 1979, recibí por aquellas fechas, concretamente en el mes de abril, la visita de miembros policiales de la INTERPOL (Francia) en tres ocasiones. Comento esto porque las leyes francesas exigen que para poder juzgar en rebeldía a un reo de delito (Art.379-2 del código de procedimiento penal francés) deberían de transcurrir un periodo de diez años de paradero desconocido. Es evidente que las visitas recibidas debieron reportar información del ministerio que informasen de mi situación de preso en el estado español, por lo que jamás estuve a dichos efectos en paradero desconocido.

Paradójicamente jamás recibí ninguna notificación acerca de la incoación de los procesos judiciales que eran graves y suponían condenas de hasta cadena perpetua, que fue lo que me aplicaron sin tener en cuenta que dicha condena no estaba tipificada en el código penal español del año 1973.

En 1982 fui condenado en rebeldía a dos cadenas perpetuas y 20 años de reclusión criminal, cuando, repito, sabían que mi condición de preso en el estado español me impedía acudir a las vistas para demostrar mi inocencia ya que dentro de todo este entramado “policial” subyace un interés desmedido por ser condenado de manera injusta y muy lejana de respetar los derechos humanos hasta el punto de que mas de 30 años después persisten en su intención de hacer cumplir unas sentencias injustas, falsas, inmerecidas.

Me sorprende que el estado español se preste a tal colaboración una vez conocida mi negativa de ser entregado a Francia, a no ser que existan otros intereses que hacen de mi persona “una moneda de cambio”. Bien por razones de colaboración en la lucha y represión contra el ejercito de liberación vasco o como socio necesario para resolver conflictos económicos que se derivan de la competencia de los sectores agrícolas y ganaderos.

En el 2002 fui procesado por la Audiencia Nacional, heredera del tribunal represivo franquista que permanece a la llamada democracia española, por extradición pasiva y juzgado por la misma en el 2004.

En aquel proceso fue el ministerio fiscal quien se opuso a mi entrega haciendo valer mi condición de ciudadano español. Francia, al conocer la oposición del estado español a colaborar y proceder a mi extradición como consecuencia de las leyes vigentes de extradición pasiva, comenzaron a solicitar la OEDE de manera reiterada, alegando incluso nuevos delitos (entre ellos el asesinato de un policía ¡MUY VIVO!) y bombardeando y presionando a cuantas instancias judiciales tuviesen jurisdicción en el asunto bien por vía EUROPOL, INTERPOL-SIRENE con sede en Madrid. En esta ocasión la sección tercera de la Audiencia Nacional ¡accedió! a mi entrega a Francia.

Una vez finalice de cumplir mis responsabilidades penales en el estado español, que ya de por sí suponen cumplir 50 años de prisión (sólo por delitos de atracos a los usureros del estado español ¡a bancos!), en un estado físico, a mis 57 años, muy desgastado por los muchos años pasados en cautiverio, calculo sumándolo todo serán unos 38 años, una salud precaria etc, etc

A mis casi 58 años de edad mi única perspectiva es fallecer cerca de los míos en una prisión del estado español pues aquí estoy cumpliendo una condena a cadena perpetua ¡encubierta! Como muchos otros compañeros que siguen vivos dentro de estas cloacas y el sistema impuesto no han podido con nosotros ni podrán.

No quiero extenderme más, pero si queréis alguna aclaración más concisa acerca de algún punto en concreto no dudéis en contactar con boletintokata@yahoo.es. Para más información: www.antonionietogalindo.wordpress.com o boletintokata.wordpress.com/. Personalmente aprovecho para transmitir a los compañeros de Tokata mi total respeto, admiración y reconocimiento por la lucha y el interés que siempre vienen demostrando en ayudarnos de una forma altruista, mi deseo de salud y un fuerte abrazo para todos ¡sois auténticos! Siempre leales e íntegros con vuestros ideales anti-capitalistas.

A todos los que lean Tokata recibid un abrazo libertario y seguid luchando para que el enemigo conozca de nuestra “resistencia” ante la represión de sus leyes y la demostración fascista que nos presentan todos los días.

Desde el presidio de Villena ¡SALUD Y LIBERTAD!

Antoine –

Antonio Carlos Nieto Galindo

C.P. Alicante II. Carretera nacional 330, km 66. 03400 Villena (Alicante).

Era muy joven todavía, un joven de 15 años (1967). Por eso la gente mayor hablaba en mi presencia, sin miedo a escandalizarme, cuando se refería a un conocido mio. Han sido necesarios 58 años para comprender qué  significaba. 58 años y sentir sobre mi propia carne el sufrimiento que supone los 38 años que ya he pasado en total preso, 36 en España, 2 en Francia, terrible definición la de carne de presidio…

Pero la vida es incierta y a todos, absolutamente a todos, pueden ocurrirnos muchas cosas, o no ocurrirnos nada, absolutamente nada.

Podemos, según vaya la vida, formar parte de eso que algunos llaman “el todo Madrid” o “el todo cualquier parte”. O por el contrario, podemos probar con nuestras asentaderas todas las cosas de los patios carceleros.

Por muy seguro que parezca estar cada uno de la tierra que pisa, de la planificación de su mañana y de la fuerza de su voluntad… no podemos olvidar que el mundo da vueltas, que el futuro es incierto y sobre todo… que la carne es muy débil.

Admirados y respetados por mi sean donde se encuentren todos aquellos hombres y mujeres presos-as que se llaman Montes Neiro, Jose Manuel Espada Prieto, Antonio Fuentes Paraiso, Rafael Martínez Nogueira, Emilio Garcia Lloret, Amadeu Casellas Ramón, Jose Ramón Torres Pérez, Carlos García Reney, Francisco Valencia Ruiz, Milton… y otro cuyo nombre no recuerdo, y otros que no he conocido nunca… Pero que siguen sufriendo en cualquier cárcel enmarcados-as tras las rejas por gruesos muros, soportando lo insoportable.

A todos-as que no son tan malos como parecen, ni tan malos y perversos como les juzgan. Sino simplemente hombres y mujeres. Hombres y mujeres que tuvieron que elegir y eligieron.

Con mi comprensión, mi admiración, estima, respeto y cariño. Porque son mi gente y los prefiero a los demás, a los perfectos, a los impolutos…. a los que son premiados con medallas de oro al merito carcelario…

Quien se sienta libre de culpa que arroje la primera piedra.

Antonio Nieto Galindo “Antoine”. Cárcel de Villena, 25/11/2010.

Pedimos vuestra colaboración económica.

Se ha abierto una cuenta de ayuda con el nº 0182 4557 23 0201505745

Para recoger firmas…

Antonio Carlos Nieto Galindo está preso desde los años setenta en las cárceles del Estado español, unos 35 años pagados a pulso descontando los breves periodos que ha pasado en la calle cuando ha conseguido fugarse. En octubre cumpliría por fin la totalidad de las condenas dictadas contra él en España. Pero la Audiencia Nacional acordó en 2005 su entrega al Estado francés en virtud de una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) emitida por éste según lo dispuesto en la DECISIÓN MARCO del Consejo de la Unión Europea 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, “relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros”, incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley 3/2003 de 14 de marzo. Por esta orden se reclamaba a Antonio para el cumplimiento en Francia de varias condenas a cadena perpetua por delitos de 1978 que habían sido dictadas en su ausencia, “en rebeldía” según la Justicia francesa. Pero el Código de Procedimiento Penal francés, en su articulo 379-2,  dice: “se impondrá condena en rebeldía al acusado que no comparezca sin excusa valida a la apertura de juicio oral”, lo cual, si se tiene en cuenta que a las autoridades francesas les constaba desde 1979 que al interesado le era totalmente imposible acudir al juicio pues estaba preso en España, significa que dichas condenas fueron impuestas ilegalmente.

De todas formas, Antonio tampoco había sido citado para comparecer a los juicios por los que se le condenó en Francia, ni se le dio oportunidad de nombrar abogado que le representara ni de recurrir las sentencias o solicitar la celebración de nuevos juicios. Precisamente tres de los supuestos que capacitarían al Estado español para denegar la entrega de un ciudadano suyo reclamado a través de una OEDE por otro estado europeo, según una nueva DECISIÓN MARCO 2009/299/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2009, “destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado”, que modifica todas las anteriores disposiciones de dicho Consejo que regulan los términos y condiciones del procedimiento de la “Euroorden”. Aunque el estado español tiene de plazo hasta el 2014 para incluir en su ordenamiento las disposiciones de esta decisión europea, ha de hacerlo necesariamente, por lo que sería incongruente someter a un ciudadano a una medidas que se sabe de antemano han de dejar de ser legales en un futuro próximo, precisamente porque incluso quienes las instituyeron en su día se dan cuenta de que son injustas.

A lo anterior hay que añadir que a su abogada en Francia no le dan acceso a los expedientes porque “son muy antiguos y no los encuentran”. Por todo lo cual, hay que decir que la entrega de Antonio para cumplir cadena perpetua en otro estado cuando prácticamente acaba de hacerlo en este vulnera en primer lugar el artículo 24.1 de la constitución espñola que prohibe la indefensión, el 25.2 que exige que las penas tengan por finalidad la reinserción social y el 15 que prohibe los tratos inhumanos y degradantes, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este último sentido. Antonio se mantiene digno y entero a pesar de tantos años de sufrimento, tiene esposa que lleva muchos años luchando por su libertad y tres hijos que quisieran poder vivir con su padre en lugar de asistir a su destrucción como persona.

Pedimos la colaboración de todos los defensores de la libertad y de la justicia para evitar que se consume la destrucción de Antonio a causa del ensañamiento de los Estados español y francés. Podéis descargar un modelo de hoja para recoger firmas.

Desde el año 2005, vive otra terrible injusticia. Francia le reclamó por varias condenas a cadena perpetua a las que la Justicia francesa le había condenado en rebeldía, por delitos del año 1978. Dichas condenas fueron impuestas ilegalmente, con total fraude de Ley y abuso de Derecho, ya que según el Código de Procedimiento Penal francés, en su articulo 379-2, “se impondrá condena en rebeldía al acusado que no comparezca sin excusa valida a la apertura de juicio oral”, pero la policía y la Justicia francesas conocían su situación de preso en España desde febrero de 1979. Sin embargo, la Justicia española, para quedar bien con los vecinos de Francia, ha acordado su entrega cuando acabe de cumplir los 35 años de prisión en España. Hace más de tres años que hay una abogada personada en la causa, Mme. Silvie Reulet, y no le dan traslado de los expedientes, porque, según le dicen a esta señora en los Juzgados, “los expedientes son muy antiguos y no los encuentran, se han perdido.” Todo esto ha sido denunciado en reiteradas ocasiones en la Audiencia Nacional, en los Ministerios correspondientes, etc., pero no se obtienen respuestas y tampoco soluciones.

Por otra parte, Antonio nunca fue citado para asistir a ninguno de los juicios por los que se le condenó en Francia, ni se le dio oportunidad de nombrar abogado que le representara, de interponer recuros contra las sentencias o de solicitar la celebración de nuevos juicios. Todo lo cual, precisamente, capacita a la justicia española para rechazar la petición francesa de entrega, según la DECISIÓN MARCO 2009/299/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2009, “destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado”, que modifica todas las anteriores disposiciones de dicho Consejo que regulan los términos y condiciones del procedimiento de la “Orden de Detencion y Entrega” o “Euroorden” aplicado a Antonio en este caso. Aunque el Estado español tiene de plazo hasta el 2011 para aplicar dicha “DECISIÓN MARCO”, la negativa de entregar a Antonio que será legalmente obligada en esa fecha ya es de justicia hoy mismo.

Sea como sea, con todas estas irregularidades e ilegalidades por parte de la Justicia francesa, son inevitables algunas preguntas: ¿Con qué garantías entrega nuestro país a Francia a Antonio C. Nieto Galindo, si las condenas por que se le reclama han sido impuestas ilegalmente? ¿Cómo saber por qué se reclama a este hombre si los expedientes se han perdido? ¿Cual es la seguridad que tiene España de que va a tener un juicio justo? ¿A quién le interesa y por qué que este hombre, después de pagar 35 años de prisión en España, pase el resto de sus días en una prisión de Francia, en vez de hacerlo viendo crecer a sus hijos?